Escándalo judicial sacude al país: 13 llamados a juicio por caso Plaga, una red que buscaba destruir la justicia
Cerca de la medianoche del lunes 7 de abril, el país fue sacudido por una decisión judicial que marca un nuevo capítulo en uno de los casos más graves que involucran a las estructuras de poder en Ecuador. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Edison Cantos, concluyó la lectura de su resolución oral con una sentencia demoledora: trece de los catorce procesados en el caso “Plaga” son llamados a juicio por delincuencia organizada.
De acuerdo con la resolución, once de los implicados fueron ubicados como colaboradores de esta red criminal, mientras que dos son señalados como líderes operativos de una maquinaria que, según la Fiscalía, tenía un objetivo claro y alarmante: «destrozar la administración de justicia» mediante la ejecución sistemática de delitos con fines económicos y materiales.
La investigación, iniciada el 3 de abril de 2024, reveló una presunta estructura criminal profundamente enraizada que habría operado desde las entrañas del sistema judicial. El conjuez Cantos concluyó que existen elementos de convicción suficientes para presumir la participación directa de los trece llamados a juicio en la red ilegal.
Una estructura que buscaba lucrar del colapso judicial
En su decisión, Cantos recogió los argumentos de la Fiscalía, que describió a “Plaga” como una organización con fines delictivos bien definidos. A través de influencias, acuerdos ilícitos y maniobras judiciales, la red habría tejido una trama de corrupción orientada a favorecer intereses particulares a cambio de beneficios económicos.
La lectura de esta resolución marca un momento crucial para la justicia en Ecuador. La ciudadanía espera respuestas, sanciones ejemplares y una depuración real en las instituciones del Estado.
¿Y ahora qué sigue?
Con esta resolución, el caso Plaga avanza a la etapa de juzgamiento, donde se determinará la responsabilidad penal de los involucrados. El país entero estará pendiente del desenlace de este proceso, que podría sentar un precedente histórico en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado dentro del aparato judicial.
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